La sociedad del miedo.

Por Camilo Morón Castro

Por esta época es pertinente reflexionar sobre el afán de delación que impera en este país donde las respuestas dadas, las preguntas prohibidas y las noticias diarias superan cada una en horror y sevicia, como lo fue la celebración de un hecho aberrante por parte del gobierno y sus mandos militares; la noticia del pago de la recompensa al asesino de Iván Ríos. Desde nuestra labor como trabajadores de la cultura debemos resguardar nuestras acciones de la perfidia de los delatores, vigilantes promedios, incentivados por un gobierno que recompensa la barbarie y por ello estamos en capacidad de sembrar una serie de interrogantes sobre este suceso. Con esto no estamos justificando la actuación de los grupos en disputa del conflicto interno del país, lo que planteamos es el examen de la doble moral defendida por un gobierno que impulsa los dedos acusadores y el asesinato cómo un método para pagar la traición; algo que no tienen asidero y con los que se demuestra que el impulso irresponsable del odio por parte del gobierno de turno puede inclinar la balanza contra los que disientan sus decisiones, más aún si se trabaja en pro del disenso y la reflexión crítica frente al contexto actual que no permite el sano ejercicio político de la sociedad civil.

Pero, la sociedad calla ante la gestión de una guerra sucia promulgada bajo el impulso de los medios oficiales que se han convertido en vasallos políticos, confundiendo a la opinión pública tras una estela oscura que hace pensar que las cosas no pueden ser de otra forma. El panorama se ha extendido a lo largo de los oscuros años de este gobierno caracterizados por sus múltiples escándalos; La para-política, el proceso de desmovilización de las A. U. C., los crecientes falsos positivos, el quebrantamiento de los Derechos Humanos, el desplazamiento forzado, por mencionar algunas de las bondades de este periodo oficial. Así, volviendo sobre la reflexión que nos acomete cabe la pregunta de la legitimidad de esta sociedad de la denuncia, donde están las formulas de juicio frente a estos hechos, pues es claro que el gobierno no puede justificar las acciones de la justicia privada y sus ejecuciones si se violan los principios constitucionales. Lo que se lleva a cabo en la actualidad es la violación de la legitimidad constitucional que nos rige en aras de imponer el terrorismo de estado; el manto de ignorancia aumenta y al parecer nadie se detiene a pensar que en un Estado de Derecho como el que se enuncia en la Constitución Política de 1991, el Gobierno debe dedicarse a gobernar, la sociedad civil a opinar sin restricciones y las instituciones ideadas como pesos o contrapesos en una democracia a cumplir con su función, lo cual desde luego no se está cumpliendo.

El gobierno debe apelar por investigar, juzgar y proceder de acuerdo al orden jurídico que sostiene el equilibrio vital de la sociedad. Pese a este incumplimiento, las opiniones siguen divididas, los hechos recientes han sido condenados por el Procurador General de la nación y por gran parte de los miembros de la rama judicial, mientras que la iglesia católica ha acompañado con un silencio sepulcral las irresponsables acciones del fiscal general de la nación que actuando por vía presidencial, absuelve al hombre que se presentó la semana pasada con la mano de Iván Ríos, sin analizar el trasfondo del dilema ético de destinar los dineros públicos para pagar por un asesinato y descuartizamiento: "podría ser exonerado en caso de que se compruebe que el crimen que cometió tuvo
sus motivaciones en un "miedo insuperable, un error invencible o un
estado de necesidad". Lo cierto es que dentro de los parámetros de los estados de derecho es imposible dejar pasar esta disyuntiva jurídica, pues en un caso como este el estado no puede actuar por fuera de la legitimidad y ampliar el espectro de la guerra sucia que no deja de circundar en nuestra realidad.

A estas alturas con el complejo mensaje enviado a la opinión pública, se van a normalizar más crímenes resguardados en la impunidad y, es que penosamente en este estado que se supone de derecho, nadie puede ir por ahí asesinando, aún si sus actos están amparados por la irresponsabilidad del gobierno de turno y por la ciega devoción de sus seguidores instigada por los medios de comunicación oficiales. Desde este escrito dejamos algunos interrogantes a su consideración sobre los causales de exoneración del delito cometido por el asesino de Iván Ríos. Por ahora, cabe iniciar una disyuntiva sobre la responsabilidad estatal en la instauración de una sociedad del miedo donde todo aquel que disienta del establecimiento debe cuidarse de las balas que acompañan a los dedos señaladores.